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09:47 a.m.
Comentario del lector


SEÑORES DE COVIAL: CREO QUE NADIE COMPRA O ACEPTA ALGO SI ANTES NO ESTA SEGURO DE SU CALIDAD, O USTEDES NUNCA SUPERVISARON ESTOS TRABAJOS Y AHORA DESPUES DE HABER PAGADO MILLONARIAS CANTIDADES SE DAN CUENTA DE LA MALA CALIDAD DE LA OBRA, O SON INEPTOS O SON CORRUPTOS YA QUE ESTO NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SUCEDE EN ESA ENTIDAD QUE LAMENTABLE TENER A UNA MULTITUD QUE NO SIRVEN PARA NADA...............


01:00
p.m.
Fuente:
Congreso

* Congreso realizará audiencia para analizar pruebas contra director del IDPP electo
En cumplimiento al amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso provisional la juramentación del director del Instituto de la Defensa Pública Penal, licenciado Remberto Ruíz, el Congreso de la República en un campo pagado publicado en diferentes medios de comunicación de circulación nacional, anunció que recibirá pruebas fehacientes contra el señalado.

El aviso del Parlamento establece que hoy y mañana, a partir de las 8 horas hasta las 4 de la tarde, en la 9ª. Avenida 9-44 de la zona 1, estará recibiendo las pruebas fehacientes, respecto a los señalamientos contra el profesional declarado electo la semana recién pasada, hecho que ha sido suspendido provisionalmente por el Máximo Órgano Constitucional.

La recepción de los documentos en los que supuestamente consten denuncias en contra del director del IDPP electo, estará a cargo de personal de Dirección Legislativa.

De tal cuenta, también se informa que el viernes se llevará a cabo una audiencia en el Salón del Pueblo para analizar las denuncias y recibir las pruebas de descargo que correspondan.

12:14 p.m.
Fuente:
Emisoras Unidas 89.7 FM

* Congreso recibirá denuncias contra Remberto Ruiz
Congreso recibe hoy y jueves, pruebas de las denuncias contra Director electo del Instituto Defensa Publica Penal, Remberto Ruiz..

Estaremos ampliando la información.

09: 23 a.m.
Fuente:
Emisoras Unidas 89.7 FM

*Comisionado de la Cicig confirma que recibió informe donde se revelan transacciones sin reportar a EE.UU.
El Comisionado de la Cicig, Carlos Castresana, confirmó que recibió de la Vicepresidencia de la República el informe de la organización estadounidense Global Financial Integrity, en donde se revelan transacciones bancarias sin reportar en Estados Unidos por un monto de 1.2 billones de dólares.

Según Castresana, el vicepresidente le pidió que apoyen las iniciativas de la Vicepresidencia, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Superintendencia de Bancos (SIB) en la lucha contra la defraudación tributaria.

Según la información ofrecida por el vicepresidente Rafael Espada, la semana anterior, distintas empresas habrían hecho transacciones sin reportarlas al sistema bancario nacional producto de manipulación de exportaciones o importaciones. Espada tampoco descartó que en esa cifra de 1.2 billones de dólares haya dinero producto de lavado de dinero o narcotráfico.

Fuente:
El Periódico

El dulce regalo de fin de año entre señalamientos

El Gobierno invirtió Q1 millón 775 mil en la compra de 112 mil 500 magdalenas que regalaron en el interior del país.

Lacongresista Nineth Montenegro presentó ayer algunas anomalías sobre la compra de 56 mil 250 magdalenas (de las 112 mil 500 que se compraron en total) por parte de la Secretaría de Bienestar Social, las cuales contenían en el empaque la foto de la pareja presidencial y fueron regaladas en las fiestas de fin de año.

Uno de los problemas principales es la adjudicación con fecha 23 de diciembre de 2009, de las magdalenas a la Empresa Discopo S.A. por un monto de Q875 mil, el costo por unidad fue de Q15.55.

Según la parlamentaria, el 8 de enero de este año se solicitó a Bienestar Social a través de un oficio la copia del contrato de esa compra, sin embargo el 20 del mismo mes anularon el contrato en el portal de Guatecompras.

A raíz de ello, la legisladora optó por buscar la ubicación de la empresa que fue inscrita en el Registro Mercantil en Octubre de 2007 y utiliza como segundo nombre comercial “Mundo del Zapato.

El informe describe que la razón social de la compañía es múltiple, ya que los servicios que ofrece varían desde venta y comercialización de todo tipo de aparatos, maquinaria y bienes para la producción, hasta desarrollo de proyectos de urbanización, hipotecas y arrendamiento de bienes.

Los resultados
Según la diputada, lo sospechoso del proceso de adquisición de los productos se reflejó al momento de ubicar la dirección fiscal de la empresa en la 23 Av. 15-07 zona 10 Alcázar, pues se llevaron la sorpresa de que en esa misma dirección funciona el taller de mecánica European Car Service. “Nosotros solicitamos a Registro Mercantil, si Discopo había cambiado de dirección, pero nos informaron que hasta el momento no han presentado ninguna solicitud”, dijo.

Intenta desinformar
La titular de Bienestar Social, Silvia Palomo, descalifica todas las denuncias hechas por la diputada Montenegro y asegura que la intención de la parlamentaria es generar confusión. “Nosotros le mandamos toda la información que solicitó, pero no le puedo mandar un contrato que no se adjudicó”, afirma.

En una carta enviada a elPeriódico, Bienestar Social indica que el 23 de diciembre otra institución adjudicó el contrato a Discopo, pero el 20 de enero de este año Bienestar Social resolvió prescindir de la negociación y el proceso quedó anulado.

Otras compras
La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente también compró 56 mil 250 magdalenas a La Holandesa por Q900 mil.

Fuente: El Périódico

Magistrados se gastan Q210 mil para remodelar oficinas


A las vocalías VI y XII se les asignaron Q21 mil 330.05 para instalación de piso y remodelación del servicio sanitario.

Datosde la Unidad de Acceso a la Información de la Corte Suprema Justicia (CSJ) dan cuenta que la actual administración gastó Q210 mil 139.69 por concepto de remodelaciones realizadas a 9 oficinas de magistrados y al área de letrados.

Los desembolsos van desde Q984.10 por trabajos de vidriería, hasta Q21 mil 330.05 por cambio de piso en 2 de los despachos

Los magistrados que no ordenaron cambios en sus oficinas fueron, César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, Thelma Aldana, integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Mynor Franco de esa misma sala de trabajo y Erick Álvarez, presidente de ese organismo.

Según Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), este tipo de desembolsos “envía un mal mensaje a la ciudadanía y al resto de jueces, pues muchos están en riesgo y no hay fondos para proveerles de seguridad”. Además, dijo que los funcionarios deben explicar el porqué de estos gastos, pues los mismos no son prioritarios.

“Se reciben oficinas presentables, requerirán algún cambio, pero en general son oficinas bonitas”, destacó Luis Fernández Molina, ex magistrado, quien explicó que cada funcionario tiene la potestad de requerir las modificaciones. Barrientos agregó: “lleva un trámite, como todo, se hace un formulario el cual se presenta a la oficina de suministros y de ahí se autoriza”.

Se trató de contactar al presidente de la CSJ, Erick Álvarez, pero se informó que este se encontraba en una reunión.

elPeriódico trató de obtener la cifra invertida en seguridad de jueces y magistrados, pero no se pudo establecer por medio de la Cámara Penal.

En el departamento de seguridad del Organismo Judicial (OJ) se indicó que se tienen asignadas a 87 personas para que brinden protección a jueces de Primera Instancia y magistrados de la Corte de Apelaciones. Se dijo que en promedio cada guardia devenga un salario de Q4 mil.

Fuente:El Periódico

Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito empantanada en el Congreso


La iniciativa busca tipificar y sancionar a funcionarios por tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.

La Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, que tiene dictamen favorable en el Congreso desde el 17 de noviembre de 2008 por la Comisión de Legislación, está integrada por 3 iniciativas que tienen como objetivo tipificar los delitos cometidos por funcionarios o empleados en contra de la Administración Pública, siendo estos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.

Las sanciones establecidas en la ley van de 5 a 10 años de prisión y las multas oscilan entre Q50 mil y Q500 mil, dependiendo del delito cometido.

Los ponentes de la iniciativa utilizan como base los datos del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial (Cenadoj), en donde se indica que de 2005 a 2007 se han emitido sólo 94 sentencias condenatorias por los delitos de cohecho pasivo, peculado, malversación, concusión y fraude.

En la actualidad, la ley se encuentra incluida dentro de la agenda de la mesa de seguridad y justicia instalada en el Congreso, sin embargo, el poco avance que se ha tenido en el tema ha impedido su traslado al pleno.

Reacciones
Los bloques parlamentarios se pronuncian a favor de la aprobación de dicha ley y coinciden en que el retraso de la misma se debe a la falta de consensos, problemas en la agenda y falta de voluntad política.

Rubén Mejía, Bancada Guatemala
“Nuestra bancada ha pedido que se agende y se empiece a conocer para trasparentar las actividades económicas del país, lo que falta es voluntad política”.

Leonel Soto Arango, UCN
“Creemos que es una de las leyes que va a permitir transparentar más la gestión pública”.

Jaime Martínez Lohaiza, Gran Alianza Nacional (Gana)
“Es importante porque vamos a contrarrestar la corrupción y vamos a dar con quiénes son los que hacen las barbaridades en el país”.

Walter Félix, URNG-Maíz
“Dicha iniciativa sería de gran utilidad para erradicar negocios ilícitos y la impunidad fiscal”.

NinethMontenegro, Encuentro por Guatemala
“La ley es indispensable para saber con cuánto patrimonio inicia una persona su gestión pública y con cuánto termina”.

Víctor Manuel Gutiérrez Longo, UNE
“Es fundamental la transparencia. El enriquecimiento ilícito en Guatemala sólo ha originado daño”.

Fuente: Siglo XXI

Brasil pagó hotel, comida y traslados


Nota de invitación indica que los anfitriones pagarían estancia de un representante de cada Corte. Normas de la Cumbre Judicial establecen que las citas preparatorias no son para los presidentes de los poderes judiciales.

Brasil pagó hotel, comida y traslados
Nota de invitación indica que los anfitriones pagarían estancia de un representante de cada Corte. Normas de la Cumbre Judicial establecen que las citas preparatorias no son para los presidentes de los poderes judiciales.

El viaje del presidente del Organismo Judicial (OJ), Érick Álvarez, y su asistente Londi Valeska Castillo Pineda, a Brasil, por el cual se erogaron viáticos por Q129 mil, sigue dando sorpresas. Ahora se sabe que el Superior Tribunal de Justicia brasileño pagó el alojamiento, alimentación y traslados locales, no así los aéreos de “una persona por Corte y por Consejo”, en el período comprendido entre el 1 y el 5 de diciembre de 2009.

Esto consta en la carta de invitación enviada por Jorge Carrera Doménech, director ejecutivo de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).

Álvarez y Castillo viajaron a Fortaleza, Brasil, para participar en la Tercera Reunión Preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizará en abril en Uruguay.

Pese a que dichos gastos corrieron a cuenta del anfitrión, según la Gerencia Financiera del OJ, Álvarez recibió viáticos por Q58,106.51 por hospedaje y alimentación, más Q20,977.58 por el precio del boleto aéreo (vea: A cuenta del anfitrión).

Ayer, los periodistas que cubren el OJ preguntaron a Álvarez sobre dicho periplo, pero el funcionario se negó a hablar respecto al tema (lea: Se alista para nuevo periplo).

En las Normas de Funcionamiento de la CJI se establece que las reuniones preparatorias son para los coordinadores de cada país y que es en las cumbres, como la que se realizará en Uruguay, donde participan los presidentes de los poderes judiciales.

Así lo establece el artículo 3.3 de dichas normas: “La representación ante la Cumbre Judicial Iberoamericana de cada una de las instituciones miembros corresponderá a su respectivo Presidente o, en su ausencia, a quien legalmente le sustituya”.

El viaje de Castillo se justificó, según el reporte de viáticos del OJ, porque debía “traducir, apoyar y asistir en la logística del evento” (lea: Prefiere callar).

Pero el artículo 11.1 de las normas aludidas indica: “Son idiomas oficiales de la Cumbre Judicial Iberoamericana el español y el portugués”.

En el artículo 11.2 se señala: “La documentación será admisible indistintamente en uno u otro idioma, sin necesidad de traducción. Y se concluye, en el precepto 11.3, que “la organización garantizará la disponibilidad de traducción simultánea a los idiomas oficiales durante el desarrollo de la Asamblea Plenaria, y la publicación de las declaraciones finales en ambos idiomas”.

Crítica generalizada
Miembros de organizaciones de la sociedad civil criticaron el viaje de Álvarez y su asistente. Nery Rodenas, de la Convergencia por los Derechos Humanos, señaló que hay una incongruencia entre el discurso y la práctica. “No hay una oposición para que el presidente o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia viajen, porque obviamente su investidura así lo manda; el problema es que existe un despilfarro de dinero, y creo que se puede viajar, pero de una forma austera”.

Reprochó que esto ocurra apenas al inicio de la gestión, al expresar: “Es un mal ejemplo para los guatemaltecos, y esperamos que no se repita, que el resto de viajes se hagan de forma más austera”.

La analista del Movimiento Pro Justicia Carmen Aída Ibarra también criticó el viaje. “Es censurable, no sólo por haberse gastado Q129 mil en ese viaje, en el cual se tomó días para vacacionar, para turistear, sino también por la actitud de no dar la cara y afrontar sus consecuencias”, dijo.

Ibarra enfatizó: “El Presidente no está dispuesto a ser transparente, no quiere informar de el porqué creyó necesario hacer este viaje, está teniendo deslices en materia de transparencia; además, no es coherente con su discurso de toma de posesión, cuando dijo que la Corte no era una agencia de viajes.

Él es el primero en inaugurar la agencia de viajes”.

Según Alejandro Quinteros, coordinador del Movimiento Cívico Nacional, el titular del OJ debe dar una explicación sobre el viaje.“Habrá que pedirle al señor Presidente que explique esta situación, porque si vamos a números exactos, Q129 mil es una buena cantidad respecto de lo que el doctor Carlos Castresana está pidiendo para ampliar la Fiscalía, pues requiere Q700 mil”.

Quien se pronunció a favor de Álvarez fue el secretario general del sindicato del OJ, Juan Ramón Lau Quan, quien al principio calificó que la noticia del viaje fue “de mala fe”. “Considero que varias personas pueden llevar a alguien de su confianza, empezando por el presidente de un organismo de Estado”, apuntó.

Pero al cuestionarle si sabía que Brasil había pagado hospedaje, comida y transporte para el representante de cada Corte, dijo que no. Al preguntarle si sabía que las conferencias se hicieron en español, expresó que lo ignoraba. Al final, anunció que averiguaría sobre el periplo.

RECUADRO PREFIERE CALLAR
Después de 2 horas y media de dirigir la reunión de la Comisión de Postulación para Fiscal General, Álvarez fue abordado por los periodistas que cubren el OJ, para que explicara sobre lo aprobado por la Comisión. Luego, se le cuestionó por el periplo de 10 días a Brasil, pero contestó de una forma airada: “Por favor, únicamente si te circunscribís al tema este del fiscal para mí será un gusto atenderte”.

Una reportera insistió con el tema, pero Álvarez dijo tajante: “Sin comentarios, si ustedes se circunscriben a lo del fiscal, para mí será un gusto atenderlos, pero si tocan otros temas, no... que tengan buen día”. Se dio la vuelta y se fue.

Fuente: Siglo XXI

Montenegro: “Empresa fantasma hizo magdalenas”

La CC mantuvo en firme amparo para entrega de datos sobre Mifapro La diputada asegura que por medio de una investigación propia constató que la empresa no existe físicamente.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, denunció que la Secretaría de Bienestar Social (SBS) adjudicó la compra de 56 mil magdalenas el 23 de diciembre a la empresa Discopo, S.A., la cual, según sus investigaciones, “es fantasma porque no se encontró la dirección fiscal”, explicó la parlamentaria.

Montenegro expone que después de “que se hizo la denuncia de la compra anularon el contrato, el 20 de enero, cuando ya se habían repartido las magdalenas”. La diputada indicó que Discopo, S.A. no se encuentra en la dirección fiscal que registra, “en la 23 avenida 15-07, zona 10, donde se ubica un taller de mecánica llamado European Car Service”.

La congresista asegura que el Registro Mercantil confirmó que no hay notificación de cambio de dirección, por lo cual deben ubicar en dicho lugar la empresa, la que por su razón social “es extensa e incluye industrialización de aparatos y exportación de bienes, entre otras cosas”.

Asimismo, la parlamentaria indicó que el notario que respalda la creación de dicha empresa es Telésforo Guerra, abogado del ex mandatario Alfonso Portillo a quien se buscó vía telefónica pero no respondió.

El presidente Álvaro Colom, en anteriores ocasiones defendió la entrega de las magdalenas porque fueron dadas a los “más pobres”, el cual es el mismo objetivo de los programas de Mi Familia Progresa (Mifapro).

Fuente: Prensa Libre

Fondo de Conservación Vial paga por obra defectuosa


Pese a que el Fondo de Conservación Vial (Covial) desembolsó Q132.3 millones por la reparación de varias carreteras en Petén a la empresa Servicios de Ingeniería Delta, S.A. (Cidelta), seis meses después, estas se encuentran deterioradas.

Los trabajos de mejoramiento de los tramos La Libertad-El Naranjo, Santa Elena-Ixlú e Ixlú-Tikal, en Petén, fueron adjudicados por Covial, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, a Cidelta en marzo del 2008, y terminados en septiembre del 2009.

Seis meses después, las carreteras se encuentran de nuevo en mal estado, presentan múltiples grietas, baches y hundimientos, pese a que Covial desembolsó Q132.3 millones sin verificar antes la calidad.

Alfredo Cobar, director de Covial, reconoció que desde diciembre último se tuvo conocimiento de la mala calidad con la que se realizaron los trabajos, por lo que fue trasladado el caso al Departamento de Auditoría Interna, que realizará una verificación de campo y un informe para deducir responsabilidades.

Cobar dijo que los trabajos —por Q132.3 millones— ya fueron cancelados a la empresa Cidelta, con parte de los recursos que se recibieron por la colocación de los bonos por Q3 mil millones.

No obstante, Cobar hizo ver que aún se podría ejecutar la fianza o proceder administrativa o penalmente en contra de la empresa, si se determina que fue responsable del mal trabajo.

Le ampliaron el contrato
En marzo del 2008, Covial contrató a Cidelta para realizar el mejoramiento del tramo que conduce de La Libertad a El Naranjo, Petén, de 133 kilómetros, por Q72 millones 895 mil, según el concurso NOG 544620, publicado en el portal Guatecompras.

Sin embargo, en el primer semestre del 2009, Armando Escribá, ex director de Covial, le firmó dos ampliaciones de trabajos: Santa Elena-Ixlú —19 kilómetros— e Ixlú-Tikal —35 kilómetros—, por lo que el contrato se amplió a Q132 millones 395 mil.

Seis meses después
Pese a que los trabajos concluyeron en septiembre del 2009, Prensa Libre realizó un recorrido por los tramos, y constató la existencia de grietas, baches y hundimientos en el asfalto supuestamente mejorado.

Los responsables de Covial reconocieron durante una reunión el mal estado en que están las carreteras recién tratadas.

“Se dieron dificultades puntuales en el tramo de Santa Elena-Ixlú. En La Libertad-El Naranjo tenemos el mismo problema, pero ahí no es tanto el daño, pero sí se está dando la misma situación”, dijo Luis Hernández, subdirector.

De acuerdo con Hernández, a Cidelta se le contrató para que aplicara un sello asfáltico que permitiera rejuvenecer la capa de rodadura de ese proyecto.
“Este sello no da un tipo de recuperación estructural al pavimento, solo es de protección... lo que se pretendía era darle más vida al pavimento antiguo”, afirmó Cobar.

Los “Informes técnicos del proyecto M-07-2008 contratista Cidelta, enero-septiembre”, que documenta todo el desarrollo de las obras, registra que se pagaron Q12 millones 548 mil para sellados de grietas y bacheo.

Antecedentes de la empresa
Cidelta es propiedad de Otto Vinicio Samayoa Soria, hermano del diputado del Partido Patriota (PP) José Guillermo Samayoa Soria, de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas.

La empresa recibió contratos por Q398.7 millones entre el 2006 y el 2009, según Guatecompras.

Cobar aseguró que en la adjudicación y pago de la obra no influyó que la constructora pertenezca al hermano de un diputado.

“Para nosotros es un contratista más”, dijo.

Se intentó obtener la versión de Cidelta, pero no se localizó a Otto Samayoa, presidente de la empresa, ni a Otto René Catalán, representante legal.


 


 


 





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